Regulación del silencio administrativo en los procedimientos del FOGASA

En el BOE de fecha 27 de mayo de 2020, se publica el Real Decreto-ley 19/2020, 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

Entre las normas aprobadas, en su Disposición Final Quinta, se modifica el Estatuto de los Trabajadores (ET), en el sentido de añadir un nuevo apartado 11 al artículo 33 que regula el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

 En concreto se establece una regulación específica sobre el silencio administrativo en los procedimientos de garantía salarial previstos en el citado artículo 33 ET.

Así, se precisa que operará el silencio administrativo positivo, en el caso de que el órgano competente no dictara resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. Esto es, se concreta la regulación del plazo para resolver del FOGASA que es de tres meses, y, pasado el plazo señalado, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al FOGASA.

Pero con limitaciones, ya que mediante este nuevo apartado, se establece que en ningún caso podrá obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites legalmente previstos.

Esta regulación pretende evitar que, por efectos del silencio administrativo positivo, obtengan esta prestación personas que en ningún caso puedan ser beneficiarias de la misma y, también, que los solicitantes puedan percibir cantidades por encima de los límites máximos previstos en la Ley.

La norma establece lo siguiente:

  • El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados respetando los límites legales.
  • Concluida dicha instrucción, dictará resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación de la solicitud.
  • La notificación al interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
  • Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fondo, sin que en ningún caso pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía superior a la que resulte por aplicación de los límites previstos en los apartados anteriores.
  • La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo solo podrá dictarse de ser confirmatoria del reconocimiento de la obligación, en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias y dentro de los límites previstos en los apartados anteriores.
  • En todo caso, a efectos probatorios, se podrá solicitar un certificado acreditativo del silencio producido, en el que se incluirán las obligaciones con cargo al Fondo que, dentro de los límites previstos en los apartados anteriores, deben entenderse reconocidas.
  • Contra dicha resolución podrá interponerse demanda ante el órgano jurisdiccional del orden social competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a lo establecido en el apartado anterior por silencio.»

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