PRÓRROGA DE ERTES DERIVADOS DE COVID-19

En el BOE del 13 de mayo de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

Se dicta esta disposición con el objetivo de reactivar de una manera progresiva la economía, tras las medidas de confinamiento y contención acordadas en el estado de alarma. Así, tiene el propósito de extender las medidas de flexibilización laboral de suspensión y reducción de actividad, permitiendo el acceso a los trabajadores a las prestaciones económicas que se vieran afectados por ERTE, dispuestas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, más allá del esperado fin del estado de alarma.

Medidas relacionadas con los ERTEs por fuerza mayor

(art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

1. Prórroga de los ERTEs por fuerza mayor.

A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (13 de mayo), se establece una prórroga temporal hasta el 30 de junio de los ERTEs que fueran aprobados por fuerza mayor derivada del COVID-19, en virtud del art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

A estos efectos, se distingue entre fuerza mayor total y fuerza mayor parcial:

– Si la fuerza mayor es total, la prórroga temporal está condicionada a que las causas que motivaron  el ERTE continúen e impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.

– Si la fuerza mayor es parcial podrán mantener el ERTE, aunque recuperen parcialmente su actividad. Estas empresas, deben proceder a reincorporar de forma progresiva a los trabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas a los ERTE o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al SEPE aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

2. Exoneración de cuotas empresariales devengadas en mayo y junio. (art. 4).

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) exonerará a las empresas afectadas por un ERTE, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 LGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, en las siguientes cuantías:

           2.1- Supuestos de ERTE por fuerza mayor total (art. 4.1).

– Si a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social la exoneración es del 100%.

– Si tuvieran más de 50 trabajadores la exoneración es del 75 %.

           2.2- Supuestos de ERTE por fuerza mayor parcial (art. 4.2).

Estas empresas quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

a) Respecto de los trabajadores que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio, la exención alcanzará el 85 % en mayo y el 70 % en junio, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, la exención alcanzará el 60 % en mayo y el 45 % en junio.

b) Respecto de los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 60 % en mayo y el 45 % en junio, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores.

Si la empresa tuviera 50 o más trabajadores, la exención alcanzará el 45 % en mayo y el 30 % en junio. En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 LGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

Las exenciones en la cotización se aplicarán por la TGSS a instancia de la empresa, que deberá comunicar previamente la situación de fuerza mayor total o parcial, así como la identificación de las personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o reducción de jornada, mediante una declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema RED

Las exenciones en la cotización no tendrán efectos para los trabajadores, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la LGSS.

3. Supuestos excluidos y límites (art. 5).

No podrán acogerse a la posibilidad de prórroga de ERTE por fuerza mayor las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales.

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que tuvieran de alta 50 trabajadores o más a fecha de 29 de febrero de 2020, y que se acojan a la prórroga de ERTE por fuerza mayor y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que apliquen estos ERTE, excepto si devuelven previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de seguridad social.

En relación a esto, se establece que no se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos a efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios en caso de falta de distribución de dividendos (previsto en el art. 348.bis.1 de la Ley de sociedades de capital).

Procedimientos de suspensión y reducción de jornada (ERTE) por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) comunicados a partir del desconfinamiento.

El art. 2 del Real Decreto-ley 18/2020 contempla las siguientes situaciones:

1) Los ERTEs vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley (13 de mayo) seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

2) Los ERTE que se inicien entre el 13 de mayo y el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las siguientes especialidades: la tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor y podrá retrotraer los efectos a la fecha en la que finaliza el ERTE por fuerza mayor cuando el debido a causas ETOP se inicie después de finalizado aquél.

Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de los afectados por ERTE

El art. 3 del RD-Ley 18/2020 prevé la extensión temporal hasta el 30 de junio de las normas extraordinarias previstas en materia de desempleo para los afectados por ERTE por COVID-19 (art. 25, apartados 1 a 5 del RD-Ley 8/2020) y hasta el 31 de diciembre de 2020 para los trabajadores fijos discontinuos y para los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas (art. 25.6 RD-Ley 8/2020).

Posibilidad de futuras prórrogas

La Disposición Adicional 1ª prevé que a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, se pueda establecer una prórroga de los ERTE por fuerza mayor total y parcial en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020.

Así como, prorrogar las exenciones de cuotas o extenderlas a los ERTE por ETOP, y prorrogar las medidas de protección por desempleo.

Se crea una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento, con la función principal del seguimiento de las medidas que, en el ámbito laboral, se están adoptando.  (Disp. Adic. 2ª)

Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La Disposición Final Primera del presente Real Decreto-Ley modifica la clausula de la salvaguarda del empleo regulada en la disposición adicional 6ª del RD-Ley 8/2020.

– En primer lugar la obligación de mantener el empleo se circunscribe a las empresas con ERTEs por fuerza mayor (artículo 22 RD-Ley 8/2020).

Se concreta la fecha de reanudación de la actividad desde la que se inicia el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante seis meses, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.

El compromiso de salvaguarda de empleo se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes, salvo que se produzcan alguna de estas situaciones:

           – la extinción del contrato de trabajo se deba a despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

           – en el caso de contratos temporales el compromiso de Mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

El compromiso de mantenimiento del empleo no resultará de aplicación en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Las consecuencias derivadas del incumplimiento de este compromiso para las empresas es que  deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

(Disp. Final 2ª).

Se modifica la disposición final tercera del Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, con el fin de extender hasta el 30 de junio de 2020 la vigencia de su artículo 2 (la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los ERTEs derivados del COVID-19 no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido) y su artículo 5 (la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por los ERTEs de fuerza mayor o causas ETOP interrumpe el cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

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