Nueva normativa COVID-19, ERTES, Periodo de prueba, Desempleo, Despidos y, Prestaciones asistenciales.

RELACIONES LABORALES EN ESTADO DE ALARMA

LA NUEVA NORMATIVA QUE REGULA LOS EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN Y/O REDUCCIÓN TEMPORAL DE CONTRATOS (ERTES), DESPIDOS EN ERTES, ACCESO A DESEMPLEO, PRESTACIONES Y/O SUBSIDIOS

Entramos en la recta final de la segunda prórroga del estado de alarma, con la confirmación de la tercera y previsible continuidad de la situación, y pese a que las reglas del juego deberían estar fijadas a estas alturas, aumenta la incertidumbre y la inseguridad jurídica tanto para trabajadores como a empresarios a golpe de Real Decreto-Ley.

Por ello, añadido al caos del inicio de la situación, se añade el suspense y la tensión de si las medidas actuales van a continuar variándose a corto plazo, como viene siendo habitual.

Una de las dudas existentes es en relación a la obligación del mantenimiento de empleo cuando se realiza un ERTE, todavía no se ha establecido si esta obligación únicamente es aplicable a los supuestos de las empresas que como actividad no esencial se acogió a un ERTE de fuerza mayor o si por el contrario es extensible a todos los trabajadores afectados por un ERTE, ya sea por fuerza mayor o debido a una causa objetiva, y en el último caso el dies a quo y el dies ad quem del cómputo de 6 meses establecido en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 8/2020.

A ello se añade, la prohibición de realizar despidos, que en principio se acota en el tiempo a la duración del estado excepcional, pero que previsiblemente pueda ser objeto de modificación. En este punto, la doctrina está clara, y es que esta prohibición no supone la nulidad del despido, pero si la improcedencia del mismo. Nada se establece al respecto de la posibilidad de realizar despidos objetivos por cierre de empresa o causas objetivas y la procedencia o improcedencia de los mismos.

Otros de los puntos que está generando dudas es la duración de la prestación extraordinaria por desempleo regulada en el artículo 25 del Real Decreto-Ley 8/2020, por los trabajadores afectados por un ERTE tramitado por fuerza mayor, y su modificación por el Real Decreto-Ley 11/2020, ya que supone que el trabajador beneficiario de la prestación por desempleo extendería su situación un mes a pesar que se decretara la finalización del estado de alarma.  

Nada se ha concretado al respecto de si podría aplicarse una interpretación extensiva tanto a los trabajadores afectados por un ERTE tramitado por causa objetiva o para los trabajadores que vean rescindidos su contrato de trabajo por finalización de causa o tiempo establecido al mismo o en periodo de prueba.

En relación a ello, cabría entenderse que la discriminación efectuada entre trabajadores únicamente por el tipo de ERTE afectado, cuando la situación de desempleo es idéntica para todos ellos podría suponer una vulneración del derecho de igualdad.

Otro de los puntos sobre el que no existe ningún tipo de certidumbre es la posibilidad de que las empresas que realizaron un ERTE por fuerza mayor, una vez que finalice el estado de alarma pueda acogerse a otra modalidad de rescisión o suspensión de contratos por causa objetivas, inmediatamente que reanuden la actividad o deben esperarse a la constatación fehaciente de pérdidas económicas y descenso de la actividad productiva aunque ello suponga la futura inviabilidad de la empresa.

En conclusión, se puede constatar la improvisación y falta de negociación entre todos los operadores económicos que hace inviable adecuar la nueva realidad laboral a trabajadores y empresarios.

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